El Gobierno Regional de Cajamarca se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras admitir que aún no logra resolver los laudos arbitrales que afectan al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Victorino Elorz Goicoechea”, evidenciando serias deficiencias en la conducción legal del caso.Pese a que la problemática no es reciente, las autoridades regionales han reconocido que el proceso continúa entrampado en una fase crítica, principalmente por la falta de claridad jurídica, lo que ha impedido tomar decisiones oportunas para garantizar el funcionamiento normal de la institución.PROCURADURÍA EN CUESTIÓN POR DEMORAS Y FALTA DE ESTRATEGIAUno de los aspectos más preocupantes es la pasividad de la Procuraduría del Gobierno Regional, cuya actuación ha sido duramente cuestionada por no haber previsto ni resuelto a tiempo los conflictos legales derivados de los laudos arbitrales.Lejos de ofrecer soluciones concretas, el Gobierno Regional ha tenido que trasladar consultas a la Procuraduría General del Estado del Perú, esperando ahora un pronunciamiento externo que defina el rumbo legal del caso, lo que evidencia una preocupante falta de autonomía y capacidad de respuesta a nivel regional.Esta demora no solo pone en riesgo recursos del Estado, sino que también compromete la estabilidad institucional del pedagógico.GESTIÓN EDUCATIVA EN RIESGO POR INACCIÓN LEGALMientras persisten las indefiniciones, procesos clave como el licenciamiento institucional, la ejecución de exámenes de admisión y la continuidad de las actividades académicas permanecen en incertidumbre, afectando directamente a estudiantes y docentes.En reuniones sostenidas en Lima, se destacó el respaldo del Ministerio de Educación del Perú, así como la participación de la ministra María Esther Cuadros, quien conoce de cerca la problemática. Sin embargo, este apoyo resulta insuficiente si no se resuelven los vacíos legales que mantienen paralizada la gestión.DECISIÓN FINAL DEPENDE DE LIMASe espera que en las próximas horas la Procuraduría General del Estado emita una respuesta oficial que permita definir la ejecución de los laudos arbitrales, procurando minimizar el impacto económico para el Estado.No obstante, el hecho de que la solución dependa de instancias externas deja en evidencia la falta de previsión, eficiencia y responsabilidad de la Procuraduría regional, cuya actuación ha contribuido a prolongar una crisis que hoy afecta seriamente el futuro del Instituto Victorino Elorz Goicoechea.
