Jornada ocurre a seis meses de las elecciones presidenciales, en medio de un creciente descontento social.
Cientos de miles de personas salieron a las calles de Francia para rechazar el aumento del costo de vida, en una movilización que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, comercios saqueados y edificios públicos afectados.
La jornada ocurre a seis meses de las elecciones presidenciales, en medio de un creciente descontento social.
Las principales ciudades del país registraron escenas de violencia. En Limoges, un ayuntamiento fue incendiado, mientras que edificios municipales de Marsella y Lille sufrieron daños.
En el centro de París, varios establecimientos comerciales fueron saqueados y se reportaron vehículos incendiados durante los disturbios.
Ante los actos vandálicos, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que los responsables de atacar dependencias públicas, destruir comercios y saquear sedes municipales enfrentarán consecuencias legales.
Las autoridades informaron que la jornada dejó 1,200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos en distintas localidades.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó que los responsables de los episodios de violencia urbana afronten prisión preventiva.
Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que el Gobierno no cederá ante los disturbios y acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, de estar detrás de las movilizaciones.
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La convocatoria se difundió principalmente por redes sociales mediante una iniciativa denominada “Amarillos y Jóvenes”, que buscó reunir a los chalecos amarillos, jóvenes de la generación Z, agricultores, docentes, jubilados y activistas climáticos. Según las cifras difundidas, la asistencia osciló entre 550,000 personas, de acuerdo con las autoridades, y 800.000, según los organizadores.
Durante las marchas, los participantes expresaron su rechazo al Gobierno con consignas como ‘Macron dimisión’ y ‘Tomamos la Bastilla’.
En París, algunos grupos intentaron aproximarse a puntos estratégicos, entre ellos los Campos Elíseos y el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia. El alcalde de la capital, Emmanuel Grégoire, denunció la destrucción sistemática de varias calles.
La movilización también reavivó las comparaciones con las protestas de los chalecos amarillos de 2018 y 2019, que surgieron por el rechazo al aumento previsto de un impuesto sobre los combustibles y derivaron en graves enfrentamientos.
Esta vez, la convocatoria incorporó a jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones educativas en los liceos.
La respuesta policial provocó nuevas controversias después de que un manifestante perdiera una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad, según informó una fuente cercana a la agencia AFP.
El Ministerio del Interior advirtió que los agentes podían utilizar granadas aturdidoras ante episodios de violencia, pese a las restricciones establecidas para determinadas protestas estudiantiles.
El malestar ciudadano está relacionado con el encarecimiento de productos y servicios, especialmente el combustible, cuyo precio ha aumentado en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio.
“Los precios suben, pero los salarios no”, reclamó Franck, un funcionario que participó en una manifestación en Guéret y describió las dificultades para llegar a fin de mes.
Un sondeo de Elabe llevo a cabo a mediados de septiembre indicó que dos tercios de los franceses respaldaban el retorno del movimiento de los chalecos amarillos.
La crisis social coincide con las negociaciones del Gobierno para aprobar el presupuesto de 2027, que contempla un ajuste fiscal de 54,000 millones de euros, equivalentes a unos 60.780 millones de dólares, con el objetivo de sanear las finanzas públicas.
Las protestas y los disturbios elevan la presión sobre las autoridades en la antesala de una contienda presidencial marcada por el descontento económico y la confrontación política.
